El desahucio de Maricarmen, una madrileña de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en un piso de Retiro, reúne todos los elementos para provocar una comprensible conmoción social. Pero una democracia responsable debe distinguir entre la dimensión humana de un caso doloroso, su realidad jurídica y el uso político que se hace de él. Alrededor de Maricarmen esa frontera ha sido borrada deliberadamente. No estamos ante un desalojo decidido por Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida. Su origen jurídico está en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por el Gobierno de Felipe González, que limitaba la subrogación de hijos en determinados contratos de alquiler antiguos y establecía excepciones, entre ellas para quienes acreditaran una invalidez del 65 por ciento. A Maricarmen se le reconoce un 50. Los tribunales resolvieron la disputa conforme a esa norma y la resolución fue definitiva a favor del inmueble. Nada de esto hace menos dolorosa la situación, pero ello no puede alterar la realidad jurídica ni transferir al propietario obligaciones que corresponden al Estado. La protección de las personas vulnerables recae en los poderes públicos y debe ser apoyada por todos los contribuyentes, no cargada sobre el patrimonio de un particular. Y había alternativas. El Ayuntamiento había comprobado la vulnerabilidad de Maricarmen, le proporcionó servicios de atención y le ofreció una plaza residencial gratuita, lo que ella rechazó porque prefería quedarse con familiares. El Gobierno central, en cambio, reaccionó la víspera del lanzamiento: Casa 47 anunció que estaba estudiando una solución para un caso cuyo primer desalojo se denunciaba desde hacía meses. La izquierda prefirió crear un símbolo. Cerca de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron frente al ático adquirido por la Comunidad de Madrid al grito de "el ático para Maricarmen" y "dimisión de Ayuso". Pedro Sánchez completó la operación desde Nueva York. Durante la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas culpó a Ayuso y Almeida y mezcló el caso con la polémica del ático. La paradoja es elocuente: la ley aplicable es estatal, la Policía Nacional realizó el lanzamiento por orden judicial y la solicitud del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU iba dirigida al Estado español. Más que buscar culpables ajenos, el Ejecutivo debería explicar por qué, después de ocho años y una Ley de Vivienda aprobada en 2023, no reformó la disposición que ahora denuncia ni articuló antes una solución. Maricarmen merece respeto, asistencia y una solución digna y no ser convertida en el instrumento partidista de un problema que en gran medida ha sido creado por el actual gobierno de coalición de izquierda. Han sido sus medidas las que han encarecido el mercado del alquiler y creado una brecha insalvable entre los salarios de los españoles y el precio de la vivienda. En 2018, cuando Sánchez llegó al poder, la vivienda era el decimoquinto problema reportado por los españoles, hoy es el primero y el más urgente. La ley que provocó su desalojo fue aprobada por un gobierno socialista y otro gobierno socialista tuvo años para modificarla. Pero han preferido buscar al culpable en otra parte.

Fuente: ABC España — https://www.abc.es/opinion/editorial-maricarmen-manipulacion-emocional-20260924193813-nt.html